¿Tan malo es que haya una ley que regule a los medios?
En el que intentamos responder a una pregunta para la que todo el mundo cree tener respuesta sobre una actividad sobre la que todo el mundo tiene una opinión contundente.
Estoy seguro de que muchos de mis lectores tienen una respuesta a esta pregunta en la cabeza, en cualquiera de los dos sentidos. Pero intentemos desafiar un poco las preconcepciones de cada “bando”. .
Después de escribir ‘Cómo evitar que tus hijos estudien periodismo’, escribí un texto razonablemente largo sobre la ley de libertad de los medios de comunicación en la que se estaba trabajando Europa y que en el Gobierno hablan de adaptar ajustándola a las necesidades propias de los españoles.
Antes de avanzar en la materia, y como es un tocho enorme, os hago un resumen rápido:
Opiniones a Favor:
Necesidad urgente: Hay quien considera que la regulación es necesaria para proteger la libertad de prensa y los derechos de los periodistas.
Transparencia y Independencia: Las salvaguardias propuestas por Europa son vistas como fundamentales para asegurar la independencia editorial y la transparencia en la propiedad de los medios.
Protección contra interferencias externas: La regulación debería ayudar a proteger contra la injerencia extranjera y la financiación desestabilizadora. Ejemplo claro: Rusia apoyando a medios prorrusos para condicionar la opinión sobre su invasión de Ucrania. .
Opiniones en Contra:
Exceso de control y burocracia: Algunos medios creen que las nuevas reglas imponen un control excesivo y añaden burocracia. Aunque va por países. En España los medios apenas tienen regulación. Tiende a cero.
Preocupaciones de Moderación de Contenidos: TechCrunch, por ejemplo, critica que la ley podría limitar la capacidad de plataformas como Meta y Twitter para moderar contenido dañino, al otorgar privilegios frente a ellos a los medios que se autodeclaran como tales.
Posible erosión de la confianza: Existe el temor de que la nueva regulación pueda disminuir la confianza del público en los medios al otorgar privilegios que podrían ser manipulados.
Conclusión personal:
Necesidad de Regulación: Creo que la normativa es necesaria y bien intencionada, y que los desafíos están en su implementación. Como suele pasar.
Protección del Ecosistema Mediático: Es fundamental proteger a los medios europeos de intromisiones externas y asegurar la transparencia en la propiedad y financiación de los medios.
Equilibrio entre Libertad y Regulación: Aunque es importante mantener la libertad de prensa, también se necesita un marco regulador que garantice prácticas periodísticas responsables y proteja de alguna forma a los ciudadanos contra la desinformación y la manipulación.
Y la más importante: En España hace falta definir qué es un medio
Empecemos por ahí
Como os he dicho que es lo más importante, empecemos por ahí. En nuestro país, literalmente, no existe una definición clara de qué diferencia a mi Substack o el Telegram de Alvise de un medio de comunicación. Cuando alguien habla de “pseudomedios” podrías estar hablando de El País, El Debate, Eldiario.es o cualquier otro. Porque a falta de una definición legal, en España o cualquier cosa es un medio o nada lo es. Eres un medio si dices que eres un medio. Preferiblemente si tienes un árbol de contenidos que para Google es igual al de un medio.
Sí, hay un enorme vacío gris, lo que resulta problemático porque los medios tienen responsabilidades de las que yo carezco desde mi posición de “señor que escribe textos cada cierto tiempo”. Los medios reciben publicidad institucional, asisten a ruedas de prensa, tienen espacios designados para el desarrollo de su actividad, hay gente que les da entrevistas… Los criterios que se fijan para todo ello son abstractos y dependen de cada institución. Hay medios que dependen de empresas de lobby, otros cuyos propietarios tienen conflictos claros de interés, muchos que cuentan con actividades aledañas… No es que el periodismo no sea una profesión regulada. Es que, quitando todo lo que va bajo el paraguas de las leyes de lo audiovisual, es una actividad con un nivel de regulación que en muchos aspectos no creo que sea superior a la de la venta callejera de bisutería.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) es la única norma que pone algún tipo de condición a los “medios electrónicos”, aunque en ningún momento habla de “medios de comunicación” y sólo habla de “periódicos” para señalar que si están en internet son un servicio de la sociedad de la información y para decir que, en caso de que te sanciones, puedes tener que pagar para que publiquen en uno la multa correspondiente.
Esto nos lleva a innumerables paradojas. Aunque Alvise, el nuevo diputado de SALF, afirma en un mensaje fijado de su Telegram, con más de medio millones de suscriptores, que cumple con ella, no introduce en su canal mucha información básica que debería prestar, según la propia Ley, como una inscripción en el Registro Mercantil o una dirección de contacto. No conste esto como crítica. Muchos tuiteros que me parecen medios de comunicación por sí mismos no hacen nada de todo esto. Lo mismo con youtubers o tiktokers.
¿Qué va a hacer el Gobierno exactamente?
No tengo ni idea y esperaré a verlo en negro sobre blanco. Habla de transponer la legislación que salga de Europa, lo que me parece fenomenal y lógico de toda lógica. En esta normativa se habla de cosas en la que creo, como la autodeclaración. Un medio debe serlo sólo con declarar que lo es. Nada más. Pero, una vez que lo sea, debe estar sujeto a tantos derechos como obligaciones. Y si los derechos son superiores a los de cualquier ciudadano, también deben serlo las obligaciones.
También habla de reforzar el derecho al honor y el derecho a rectificación. Dos derechos que rara vez se ejercen y aún en menos ocasiones se ejercen bien. Creo firmemente que Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha sido uno de los tipos más combativos en la defensa de sus derechos frente a los bulos vertidos en su contra, y que el impacto de dicha batalla ha sido costoso, laborioso y enormemente arriesgado en lo económico. Si no ha perdido mucho dinero ha sido sólo porque en la mayor parte de las ocasiones los jueces le han dado la razón. Quizá por eso, muy poca gente sigue sus pasos.
Os pondré un ejemplo cercano. Hace poco tiempo, intenté convencer a un colega que estaba siendo víctima de una campaña de bulos claros y mentiras de que presentase un escrito para ejercer su derecho de rectificación. Le dije amenazase con llevar ante los tribunales tanto al medio que publicó la noticia como a todos aquellos que la replicaran. Había que ser rápido y tener tanto una dirección de comunicación implacable como un buen abogado.
Lamentablemente, mi compañero decidió escuchar a otras personas de su entorno y llegó a la conclusión, no sé bajo qué presiones, de que merecía más la pena dejarlo pasar en lugar de hacer del tirón las tres cosas que le recomendé: ejercer su derecho a rectificación en primer lugar y, a partir de entonces, medir con su abogado dónde aplica la ley de protección del derecho al honor (LO 1/1982) y dónde un proceso penal por injurias y calumnias. Al final del todo, podía incluso rematar con un recurso al derecho al olvido. No lo hizo y hoy escribir su nombre en Google implica leer decenas de artículos en los que se le acusa claramente de un delito que, honestamente, no creo que haya cometido.
Es fácil comprenderle. Pese a que en su caso los recursos económicos no eran el problema, muchas veces se trata de maniobras difíciles de poner en marcha y caras. Porque los medios en nuestro país no tienen la obligación de decir la verdad sino sólo de ser “veraces”, en el sentido en el que el juez determine que siguieron los pasos oportunos para que su publicación tuviese cierto fundamento.
Así, es casi imposible que una noticia que diga “La Guardia Civil dice que Pepe Gómez es el presunto asesino” pueda rebatirse si hay un informe del instituto armado en este sentido. Pero escribir “Pepe Gómez mató a su mujer mientras sus hijos miraban” es otra cosa muy distinta si no ha habido una sentencia condenatoria. Y, sin embargo, sucede.
Meterse en esta guerra sin recursos para mantenerla es abrumador y muchas veces frustrante para un ciudadano medio. Y facilitar un camino menos abrupto para que estos puedan plantear su defensa cuando así lo necesiten me parece razonable. Del mismo modo que usar esa vía para cercenar la libertad informativa me parecería peligroso.
¿Quienes recorren este camino de la defensa legítima de su honor? Pues, básicamente, el ya mencionado Rubén Sánchez, que además suele hacerlo gratis porque las costas a menudo les salen a pagar a los demandados. También algún que otro multimillonario que no voy a citar y que tiene costumbre de litigar por sistema, lo que hace que los medios sean muy cuidadosos con cada cosa que publican sobre él.
Al final, el diablo está en los detalles. No sé qué hará el Gobierno y por lo tanto, no puedo descartar que terminen poniendo trabas innecesarias a la libertad de prensa. Pero si me preguntas si considero que en España al menos debe quedar claro qué es un medio de comunicación y establecer formas de que los ciudadanos puedan ejercer mejor sus derechos cuando se producen abusos claros. No creo que nadie pueda objetarlo, por mucho que daré la razón a quienes expresen su miedo a que bajo la excusa de defender a la gente se cercene la libertad de expresión.
Pero conviene recordar que otros países tienen leyes de prensa y no pasa nada. O que es muy difícil que salga a la calle ninguna legislación que vulnere claramente el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y que también asegura el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
Nada de eso es incompatible con dejar claro qué es un medio y cuáles son sus derechos y deberes.
Está claro que el Gobierno quiere poner ese cascabel a ese gato. Les dejo el beneficio de la duda. En función de lo que hagan o dejen de hacer veremos quién sale ganando, si el gato o los ratones.
Así que, como en tantas, cosas, la respuesta a la pregunta “¿Tan malo es que haya una ley que regule a los medios?” es un tópico barato pero a menudo cierto. Depende.